La pobreza se ha hecho crónica en esta última década en España. Se han consolidado los casos más graves, de quienes tienen serias dificultades para acceder a derechos sociales básicos como una vivienda o un empleo y carecen de un entorno que pueda servirles de colchón. Cuatro millones de personas viven en esta situación de extrema vulnerabilidad, 1,2 millones más que en 2007, según el último informe de la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas Española. La cifra es incluso mayor a la registrada en 2009, en plena crisis. En estos diez años ha aumentado el distanciamiento entre quienes pueden permitirse vivir con normalidad y quienes viven en exclusión. Además, seis millones de personas se han recuperado de forma tan débil, que en caso de una nueva crisis tendrían grandes posibilidades de volver al sector en exclusión.
Alejandro González —un nombre ficticio, porque pide preservar su anonimato— sabe de buena tinta lo que es pertenecer al grupo de población más vulnerable. Fue drogodependiente, perdió a su familia y a gran parte de sus amigos, se quedó sin ingresos, sin casa, sin entorno. Comenzó a tomar drogas cuando era joven. Al nacer sus dos hijos, aumentó el consumo. Y así pasaron los años. Hasta que un día iba en el coche con uno de los dos críos y tuvieron un accidente. Él iba borracho. El niño murió. A partir de entonces, su adicción a las drogas y al alcohol fue recrudeciéndose.
«No podía soportar el sentimiento de culpa y entré en un bucle. Me volví cada vez más violento, estaba cada vez más solo», explica al teléfono. A sus 60 años, lleva tres rehabilitado y participa en el programa de Cáritas para personas sin hogar: vive en una casa en la que no tiene que pagar alquiler, ni agua, ni luz. «Cuando la situación fue insostenible acudí a una clínica. Es importante saber lidiar con la conciencia», prosigue. Sabe que ha hecho mucho daño a las personas a las que quería, pero ahora está mucho más tranquilo consigo mismo. «Cobro los 400 euros del paro. Me estoy formando y tengo ganas de volver a trabajar», dice. El problema es su edad. El grupo comprendido entre los 45 y los 64 años ha pasado de un nivel de exclusión del 13,1% en 2007 al 18,4% actual. Este es uno de los retos que plantea el informe, avanzar en la inserción laboral de los adultos mayores.
El país se recupera del bache económico a dos velocidades. La mitad de la población se encuentra en situación de integración plena, es decir, que no está afectada por ningún rasgo de vulnerabilidad, una cifra similar a la registrada antes de la gran recesión. Pero 8,6 millones de personas siguen viviendo en exclusión social: tienen dificultades graves en el acceso a alguno de sus derechos básicos. De ellos, algo más de cuatro millones viven en situación de exclusión moderada: cuentan con apoyo social o ayudas públicas. Otros cuatro millones —que viven en 1,5 millones de hogares— no disponen de apoyo. Están en situación de exclusión severa y son un 40% más que hace diez años.
El estudio presentado este miércoles es el avance de uno más amplio que se hará público el año que viene. Se ha redactado a partir de 11.500 encuestas realizadas en las 17 comunidades autónomas, y para su elaboración se ha partido de 35 indicadores sociales básicos repartidos en ocho bloques: empleo, consumo, participación política, educación, vivienda, salud, conflicto social y aislamiento social. En integración plena (48,4%) se sitúan quienes no tienen incidencia de ninguno de estos indicadores; en integración moderada (33,2%), quienes se ven afectados por alguno de ellos, pero cuya participación social es normal y pueden vivir con los medios de los que disponen. La exclusión moderada (9,6%) y, sobre todo, la severa (8,8%) son las que más preocupan a los expertos. Los datos son reveladores: la última década ha dejado en España una sociedad con un espacio de integración con bases más débiles y una pobreza que se enquista.
La situación se vuelve crítica en 1,8 millones de casos que conforman el núcleo más duro de la exclusión. Son los más desamparados. «Llevan tanto tiempo en esta situación que han perdido no solo los apoyos, sino incluso la confianza en su capacidad de salir adelante por sí solos. Dudan o directamente lo ven imposible», explica Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). En España, 600.000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, según La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, presentado hace unas semanas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que elaboró el estudio junto a otras cuatro agencias de la ONU. «Esto significa que el 1,4% de la población española se ha ido a la cama sin comer al menos una vez al año», explica al teléfono José Rosero, director de Estadística de la FAO.
«Las consecuencias de la crisis han generado un cambio de modelo social», alerta Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española. Si bien los datos arrojan mejoras respecto a los de 2013, estas son de menor calado entre quienes se encuentran en situación más vulnerable. Mientras que el sector de población que vive con normalidad ha aumentado del 34% de 2013 al 48% de 2018 (lo que implica una mejora del 42%), en el caso de la exclusión social el porcentaje se ha reducido del 25% de 2013 al 18% actual (una mejora del 27%). Algo que se agrava nuevamente en el caso de los más vulnerables: el 9% de la población sigue viviendo en situación de exclusión social severa, frente al 11% de 2013 (una mejora del 19%).
El informe plantea la necesidad de reducir la brecha de género en hogares en exclusión cuando el sustentador principal es un hombre o una mujer (actualmente está en el 25%) o fomentar la integración de la población extranjera, cuya situación de desventaja se hace crónica (el 26% se encuentra en exclusión social severa). Además, los expertos ponen el foco en que el trabajo ya no asegura la integración social. «La mitad de las familias donde hay un empleo no disfrutan de integración plena», expone Flores. También resalta la debilidad del 13% de la población, que vive tan al día que, en caso de nueva crisis, volvería al sector de la exclusión.
No todos los resultados son malos. La población que vive con normalidad, en integración, ha experimentado una mejora respecto a los datos de 2013 en ocho de los factores que se han tenido en cuenta para elaborar el informe (empleo, consumo, participación política, educación, vivienda, salud, conflicto social y aislamiento social). Sin embargo, durante este periodo de recuperación económica la población más vulnerable ha sufrido un empeoramiento en cinco de estas ocho dimensiones: capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social. De hecho, una de cada cinco personas en exclusión social está afectada simultáneamente por la exclusión del empleo, la vivienda y la salud. Una de cada tres, en casos de exclusión severa, ese grupo en el que nadie quiere estar y del que resulta tan difícil salir.
